A PROPÓSITO DE PARAÍSOS FISCALES

Definición: Un paraíso fiscal es un territorio o Estado que se caracteriza por aplicar un régimen tributario especialmente favorable a los ciudadanos y empresas no residentes, que se domicilien a efectos legales en el mismo. Típicamente estas ventajas consisten en una exención total o una reducción muy significativa en el pago de los principales impuestos, así como el secreto bancario.

Hay firmas de abogados, cuya función principal es la de abrir empresas de papel en paraísos fiscales, lo que facilita ocultar el rastro del dinero y evadir la vigilancia de las autoridades y el mayor atractivo es el de guardar el secreto de quienes participan de estas transacciones.

Las fortunas ocultas en estos destinos provienen mayoritariamente de personas con importante notoriedad en la vida empresarial, social y pública del mundo.

(En Colombia tener empresas en un paraíso fiscal no es en un delito en sí mismo. El problema es que el dinero tenga un origen ilícito, o que no se declare ante la DIAN). 

Son múltiples las razones para tener recursos a través de empresas fachada. Van desde la facilidad para el manejo de operaciones internacionales, la prudencia para no dejar un patrimonio expuesto a la delincuencia o como una forma de ocultar riquezas en procesos de separación o sucesión. Y por supuesto las que encienden las alertas de las autoridades: ocultar dineros de origen ilícito y evadir de impuestos. Es por eso que cada vez más a nivel global se persigue con mayor severidad los llamados capitales offshore.

A diario cientos de personas abren empresas en las sucursales que estos bufetes tienen por todo el mundo. Solo llenan algún formulario y firman un contrato. En tres o cinco días tendrán una sociedad sin su nombre a la vista: una máscara para moverse en el sistema financiero y girar grandes sumas bajo un secreto infranqueable y sin pagar impuestos. A su vez esta empresa puede buscar otros destinos con los cuales proteger aún más su secreto. Estas firmas se encargan de abrir sociedades en Bahamas, Islas Vírgenes Británicas, Nevada, Luxemburgo o cualquiera de los destinos laxos en regulación y que permiten mover fortunas de un lugar a otro para despistar cualquier tipo de control.

En Panamá, comenzar una empresa cuesta unos 350 dólares para los pagos en el Registro Público, los honorarios de los abogados y un capital de inversión inicial de 10.000 dólares.

¿Quiere que su nombre no figure?

Claro, quédese tranquilo que aquí, los verdaderos dueños, no tienen que figurar como accionistas.

¿Quiere una cuenta bancaria?

Cómo no, hay asistencia para la apertura a nombre de la sociedad ya sea en Panamá o el extranjero.

¿Cuánto?

Calcule unos 1.250 dólares.

¿Quiere olvidarse de esa empresa y que el bufete de abogados se encargue de los contratos, la presentación de actas, el pago de tasas?

La firma ofrece servicios legales de hasta 10 horas por mes desde 1.700 dólares. Si el tiempo de dedicación lo excede, le pasa factura por hora.

¿Quiere residencia o permiso para trabajar en Panamá?

Puede obtenerlo por 2.250 dólares.

¿Una compañía en Islas Vírgenes Británicas (BVI?)

También, por un costo base de 910 dólares más 400 por mantenimiento. ¿Quiere montar una estructura internacional, que conecte empresas en Panamá con otra en UK o Islas Vírgenes o Hong Kong o Seychelles o todas esas juntas? Por supuesto que sí, se le tiene!.

Uno de los servicios que las firmas de abogados ofrecen, es el denominado

“re-facturación”. Se trata de emitir facturas por servicios a través de empresas de papel, para así justificar los gastos en empresas establecidas legalmente.

De no prestarse este servicio, por esta vía se estarían incluyendo gastos inexistentes en las contabilidades. La re-facturación le permite sacar al propietario los excedente de dinero de la compañía”. Y así evadir impuestos en su país de origen.

 También hay quienes buscaban que estos bufetes resguarden secretos financieros (a través de las empresas de papel) frente a posibles disputas familiares.

Qué mejor que una empresa de papel, en un paraíso fiscal para esconder los bienes en una pugna familiar. Por ejemplo, evitar cualquier tipo de sucesión si la madre madre murió y su padre tiene hijos, fuera del primer matrimonio”.

En el caso de un divorcio, poder mover algunos bienes a otra sociedad de afuera para evitar que entren en cualquier liquidación de sociedad conyugal”.

Para abrir una empresa fantasma, el cliente tiene que enviarle a la firma que lo asesora, su pasaporte, un certificado bancario y una prueba de domicilio.

Los asesores le hacen una “due diligence”, una especie de estudio previo que incluye una búsqueda en bases de datos del FBI, de Interpol, de los Servicios Secretos de Estados Unidos y de páginas especializadas como World Check y World Compliance.

El paso siguiente es clasificar los candidatos a clientes en varias categorías que incluyen los PEPs (Politically Exposed Person – Persona Expuesta Políticamente), que se refiere a las personas que por sus actividades están ligadas de alguna manera al mundo de la política o que son suceptibles de controversia pública. Cuando un cliente se vuelve complicado de manejar, se emite lo que llaman un reporte de actividades sospechosas (Suspicious Activity Report).

Es claro sin embargo o que los filtros son demasiado laxos o que al final, los reportes y las recomendaciones sobre un nuevo cliente no son definitivas.

Hay decenas de personas que han estado o están en posiciones públicas destacadas. Además de clientes internacionales que han tenido algún roce con la justicia. Casos de reconocidos dictadores, por ejemplo, con los que no hace falta tener acceso a una base de datos de Interpol para darse cuenta de su condición. Aunque el bufete de abogados muchas veces reacciona y pide explicaciones a sus clientes, por lo general es algo a posteriori.

Fuente: elespectador.com/